martes, 31 de marzo de 2009

CONCIENTIZACION


Es necesario e imprescindible el pronunciamiento del pueblo peruano objetando de manera tajante y contundente la imposición de la mayoría de apristas, fujimoristas, Unidad Nacional y tránsfugas de otras bancadas, quienes impusieron esta nueva Ley de Aguas que desconoce las propuestas y reclamos que exhibieron las Juntas de Regantes de los distritos de Sierra y Selva, los Gremios Agropecuarios, las Comunidades Indígenas y los Grupos Ambientalistas del país, lesionando los derechos e intereses nacionales. Pues esta ley propone implícitamente y subliminalmente que el agua sea privatizada y posteriormente expresamente privilegia a la inversión privada para su uso y manejo. Pese a que inicialmente y expresamente lo niegue.
La Ley ignora el acceso al agua como derecho humano y se abren las puertas para su explotación comercial, al haberse eliminado en uno de sus artículos la expresión “sin fines de lucro”, que establecía una valla a los intentos de privatización del agua. Así pues en el artículo 8 y otros en el siguiente orden de prelación podemos observar con un desparpajo asombroso la serie de modificaciones y mutilaciones hechas a la Ley aprobada en un inicio el 15 de Enero del presente año, para luego aprobarla posteriormente con todas estas falencias el 12 de Marzo del presente año y promulgarla el día de ayer el Presidente Alan García Pérez en la forma oronda y ladina que lo caracteriza. Así pues tenemos: Modificaciones sobre bienes artificiales de propiedad del Estado asociados al agua, Tipos de uso productivo del agua, Protección del Agua, Canon Hídrico, Participación del Sector Privado en la infraestructura hidráulica, contempladas en los artículos 8, 43, 75, 95 , 106 y otros . Donde se denota con toda claridad el entreguismo en manos privadas del recurso más importante que tiene el país.
Debemos aunarnos al grueso número de protestas a nivel nacional ante esta Ley que denigra nuestra Identidad Nacional y veja de manera descarada el orden prioritario del uso del agua para nuestra agricultura e instamos a todas las organizaciones civiles, profesionales , etc., de nuestro departamento y a nivel nacional a solidarizarse con nuestra protesta, pues los usuarios, campesinos, consumidores, pueblos indígenas y los peruanos en general necesitamos una legislación adecuada que salvaguarde, preserve y cuide las aguas del Perú, frente al avance vertiginoso de la contaminación ambiental , la deglaciación, escasez del agua y el calentamiento global.

viernes, 13 de marzo de 2009

DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION PUBLICA

Representa la suma de los préstamos recibidos y no devueltos por los Gobiernos.
Las necesidades económicas del Estado deben ser satisfechas por medio del impuesto; pero hay circunstancias extraordinarias, momentos de angustia para las naciones en que la guerra o una calamidad cualquiera destruye la riqueza y hace la contribución imposible o insuficiente, y entonces es preciso acudir al empleo del crédito público, que no es en último término más que el anticipo de los impuestos. Lejos de mantenerse los Gobiernos enmarcados en estos límites, donde únicamente les es lícito hacer uso de su crédito, han contratado numerosos empréstitos en circunstancias normales para compensar las falencias de una mala administración, sostener sus despilfarros, alimentar ambiciones políticas y guerras inicuas y comprometer a los pueblos en empresas temerarias. Durante algún tiempo se ha creído que la existencia de la Deuda Pública antes favorecía que perjudicaba a la riqueza en general, y esto ha coadyuvado poderosamente a que los débitos de las naciones se eleven hasta sumas enormes que hoy las abruman; pero ya nadie sostiene tales errores, y es de conocimiento universal que la deuda no es signo de prosperidad ni causa de riqueza, sino por el contrario significa un apremio el contraerla y la falta de recursos el no pagarla, y el servicio de sus intereses exige grandes sacrificios a las fortunas individuales. Por ello el aminoramiento de la deuda es una necesidad sentida vivamente y preocupa a los Gobiernos que se encuentran inmersos en ella.
Dos son los sistemas que pueden emplearse para extinguir las deudas públicas: la amortización gradual y la conversión de créditos.
Ningún Gobierno podría obtener el capital necesario para pagar a un tiempo todas sus deudas sin consumar la ruina de su país, y no sería por otro lado, equitativo que abonase a la par los fondos públicos, cuando por las emisiones a capital nominal representan un valor mayor del que se entregó por ellos.
La amortización por medio del interés compuesto que se ha aplicado viciosamente a la Deuda Pública es un sistema desechado por completo, pero la amortización que conlleva adquirir con el sobrante del presupuesto los créditos en circulación, ya directamente en la Bolsa, ya en pública subasta o por sorteo, es un procedimiento legítimo y eficaz. Tiene, empero, el inconveniente de que su acción es lenta, y elevando sin cesar el valor real de los títulos, sus resultados son menores cada día.
La conversión disminuye gradualmente el interés o el capital de la Deuda cuando mejora el crédito de los Estados, haciendo que nuevas emisiones más favorables reemplacen a las antiguas.
El mejor sistema es la fusión de estos dos medios: la amortización que hace subir el precio de los fondos para levantar el crédito, y la conversión para utilizar estas condiciones y operar una reducción de los títulos. Este doble juego practicado con sapiencia y perseverancia, aligeraría de una manera eficiente y sensible el gravamen de las deudas públicas.